Parece mentira la
composición del nuevo parlamento español. Los partidos nacionalistas cuentan
con una presencia absolutamente desproporcionada y esto puede traer serios
problemas al Estado.
Hasta la fecha PPSOE veían
muy bien la Ley Electoral actual, que favorece el bipartidismo (o sea a ellos
mismos) y a los partidos nacionalistas, o lo que es lo mismo, sus aliados
naturales en legislaturas en las que no se alcanzan mayorías absolutas.
Esta Ley, profundamente
injusta hay que reformarla, no porque perjudique a determinados partidos, sino
porque perjudica a los ciudadanos, que ven como sus votos no valen lo mismo en
función de donde lo ejerzan o de la formación política que elijan.
El Congreso de los Diputados
es la cámara en la que reside la soberanía nacional. Los diputados que lo
componen representan a todos los españoles y eso evidentemente no sucede cuando
se trata de partidos nacionalistas, soberanistas o independentistas, que en el
fondo es lo mismo porque persiguen los mismos fines. Todos ellos se preocupan
solamente de las regiones de las cuales proceden y no del conjunto de los
españoles.
Hay varias “cifras mágicas”
en cuanto al número de diputados, en nuestro parlamento. 176 es probablemente
la más conocida por todos los españoles: la mayoría absoluta. También conocida
es la de 5 (aunque sumada al 15% ó 5% de los votos, según los casos) para
formar grupo parlamentario. De esto se ha hablado mucho en los últimos días.
Menos conocidas, aunque no
por ello menos importantes, son otras dos cifras: 210 y 35 diputados. La
primera cifra es la mayoría cualificada de tres quintos de la cámara con los
cuales se puede reformar la Constitución, algo que va haciendo falta desde hace
años. Ningún partido ha conseguido hasta la fecha alcanzar esa cantidad de
escaños que le permitiese hacer la citada reforma sin pactos (202 diputados es
el récord de la democaracia, obtenidos por el PSOE en 1982). Pero de lo que
quería hablar en este artículo es de otra cifra: 35. Eso supone el 10% de los
diputados de la cámara y tienen una capacidad que hasta la fecha no se ha
utilizado, pero no por ello es potenciamente peligrosa (si se emplea con
determinados fines). 35 diputados pueden plantear la convocatoria de un
referendum sobre una reforma constitucional.
Analicemos ahora los
siguientes datos:
Partidos Escaños Votos
CiU 16 1.014.263
Amaiur 7 333.628
PNV 5 323.517
ERC 3 256.393
BNG 2 183.279
GBAI 1 42.411
Total: 34 2.153.459
(*) La suma de IU+UPyD son
16 diputados con 2.821.052 votos… y ningún senador. Los partidos
independentistas/soberanistas/nacionalistas tienen 16 senadores.
A no mucho tardar hay una
reforma constitucional que hay que hacer, la que se refiere a la sucesión de la
corona. Esa es ineludible. Se podría aprobar, sin ningún problema, en el Congreso
y seguro que contaría con la mayoría suficiente, ya que no es de recibo que en
la más alta institución del estado, la corona, exista la discriminación por
razón de sexo (al tener preferencia los varones en la sucesión al trono).
Seguro que la mayoría de grupos votarían a favor, pero ¿qué pasaría si los
partidos independentistas/soberanistas/nacionalistas planteasen el referéndum?
Está claro que su intención política iría mucho más allá de la mera consulta
sobre la sucesión de la corona, les estaríamos brindando la posibilidad de que
convirtiéramos la consulta en un referéndum soberanista encubierto (y pagado
con los impuestos de todos los españoles). El anhelado plan de todos los
nacionalistas de votar sobre su independencia, servido en bandeja.
PPSOE deberían plantearse
seriamente si merece la pena seguir en manos de los nacionalistas cada vez que
no consigan mayoría absoluta, gracias al mantenimiento de una injusta ley
electoral.